Fuerza Patria apelará ante la Corte la decisión de la Cámara Electoral de poner a Santilli en primer lugar
Como se informó, la Cámara Nacional Electoral autorizó este sábado que Diego Santilli sea el reemplazante de José Luis Espert en el primer lugar de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA).
Lo hizo basada en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón.
De esta manera revocó una decisión del juez federal con competencia electoral en a provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de Espert por Karina Celia Vázquez, alias Karen Reichardt, quien aparece en segundo lugar en la lista libertaria.
Sin embargo, Malena Galmarini anunció que Fuerza Patria (FP) apelará ese fallo, llevarando el caso a la Corte Suprema. “Iremos a la Corte”, afirmó la senadora provincial electa, cuestionando que la decisión de la CNE carece de “razón legal” y la definió como el “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.
“Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”, indicó la dirigente peronista a través de las redes sociales.
Además, la extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) advirtió que la decisión constituye un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género… Siempre perdemos a las mujeres”, sentenció en referencia al desplazamiento de Reichardt.
En tanto, la Justicia no logró definir todavía si se reimprimirán o no las boletas únicas de papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires, como pretende LLA, al devolver a la Junta Electoral la apelación presentada por el oficialismo nacional al encontrar una falla clave en ese documento.
En concreto, en la apelación del partido de Javier Milei no se incluyó la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas en la elección, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad, según consideró la Cámara.
