En otro capítulo de corrupción, el Gobierno completó el proceso de privatización de la Hidrovía
El Gobierno puso fin a una de las licitaciones más importantes de la gestión de Javier Milei y, pese a las irregularidades del proceso, confirmó que la empresa belga Jan De Nul continuará al frente de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante los próximos 25 años.
En otro capítulo de corrupción, la compañía, que realiza tareas de dragado y mantenimiento en la Vía Navegable Troncal desde hace tres décadas, se impuso en el proceso licitatorio asociada a la firma argentina Servimagnus.
Tras el anuncio, decisión quedó oficializada a través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La adjudicación marca el cierre de un proceso iniciado en diciembre de 2025, cuando el Gobierno lanzó una licitación nacional e internacional para seleccionar al operador encargado de modernizar, ampliar, operar y mantener la principal vía fluvial del país, clave para el comercio exterior argentino.
“El Grupo Neuss figura como muy probable subcontratista del trabajo de dragado que va a hacer Jan De Nul, para lo cual necesita muchas empresas que van a florecer aguas abajo. Ahí están los hermanos Neuss, muy influyentes por su amistad con Santiago Caputo, que vienen ya construyendo un emporio eléctrico como no se forjaba en la Argentina desde los años ’90”, explicó hace unas semanas el periodista Alejandro Bercovich.
Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año durante 25 años por el dragado y el balizamiento del río Paraná. Tras firmar el contrato, Jan de Nul deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado: ahí entra Neuss Capital.
“Aparecen como contratistas de este negocio millonario, aparecen con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román”, enumeró Bercovich. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.
La relevancia estratégica de la Hidrovía es difícil de dimensionar: por ese corredor navega cerca del 80% de las exportaciones argentinas y se concentra la actividad de alrededor de 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido. Se trata, en los hechos, de la principal autopista fluvial de la economía nacional.
El contrato definitivo deberá firmarse dentro de los próximos 30 días. A partir de ese momento comenzará formalmente la nueva concesión, que contempla obras de profundización del canal, tareas permanentes de dragado y redragado, modernización del sistema de señalización e incorporación de tecnología orientada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer los controles contra el narcotráfico.
Desde el punto de vista económico, las cifras involucradas reflejan la magnitud del negocio. Las proyecciones oficiales estiman una facturación anual promedio cercana a los u$s628 millones para la concesionaria amiga del Gobierno. A lo largo de los 25 años de contrato, los ingresos acumulados podrían superar los u$s15.700 millones.
Los estudios realizados por la Anpyn también prevén un crecimiento sostenido del tráfico en la vía navegable. Se proyecta que el transporte internacional aumente un 38,1% durante el período de concesión, mientras que el cabotaje crecería un 28,2%. En el tramo comprendido entre Santa Fe y el norte del país, el incremento estimado alcanza el 52,4%.
Según el análisis oficial, la empresa adjudicataria concentrará la mayor parte de sus inversiones durante los primeros siete años de concesión. El recupero de esas inversiones comenzaría entre los años ocho y quince, mientras que el período de mayor rentabilidad llegaría recién a partir del año dieciséis.
La concesión fue diseñada bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin garantías ni aportes directos del Estado nacional. Además, el contrato contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales, equivalente al 20% del plazo original.
Con la adjudicación ya formalizada, el Gobierno busca abrir una nueva etapa para la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, una infraestructura considerada estratégica para la agroindustria, la industria y el comercio exterior del país.
