“En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes; de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, indicó el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió. El 52% del volumen corresponde a productos de menos de u$s3 por kilo, es decir, de muy bajo costo.
“A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años”, agregó. Con estas cifras, “2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo”.
El informe remarcó que “la industria argentina del juguete puede competir en calidad, diseño y seguridad, pero enfrenta una desventaja estructural” frente a China, “donde los costos laborales, ambientales y energéticos son significativamente más bajos”. Esto “profundiza la competencia desleal y compromete la sostenibilidad del sector”.
Los indicadores de la CAIJ muestran un deterioro acelerado del sector: ventas estancadas, sobreoferta por stock acumulado desde 2023, ingreso masivo de nuevos importadores, jugueterías con márgenes negativos por incrementos en tarifas de energía y presión del canal online, y fábricas que toman crédito no para invertir, sino para pagar sueldos y aguinaldos.
Dentro de la industria juguetera, 6 de cada 10 máquinas están paradas, sin producir. Además, en los últimos meses cerraron jugueterías históricas como Rossier (Escobar), Halago’s (Quilmes) y Lilián (Trelew), y la Cámara advierte que podrían sumarse más si no se revierte la tendencia.
“Muchas empresas productoras e importadoras han enfrentado resultados negativos en el Día del Niño y, ante la sobreoferta actual, están rematando la mercadería para recuperar liquidez. Esto profundiza aún más la distorsión del mercado: se generan precios por debajo de lo sostenible, se modifican los plazos de pago y se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños”, advirtió Furió.
En este contexto, la CAIJ pidió al Gobierno que tome medidas urgentes como fortalecer los controles en frontera, asegurar la trazabilidad, intensificar la fiscalización en comercios físicos y canales online, y garantizar una competencia equitativa entre la industria nacional y los importadores formales.