Recién la semana siguiente La Libertad Avanza buscará dictaminar y no llegará al recinto hasta comienzos de abril. La demora se debe a que no están los votos necesarios para la sanción y, además, en el equipo jurídico de la Casa Rosada hay serias dudas sobre la seguridad jurídica de la redacción.

Para no arriesgar, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, el oficialismo decidió estirar los tiempos: aceptó el pedido de la oposición para realizar audiencias no vinculantes, mecanismo dispuesto en la ley de ambiente que había sido ignorado en el Senado.

Recién la semana siguiente La Libertad Avanza buscará dictaminar y no llegará al recinto hasta comienzos de abril. La demora se debe a que no están los votos necesarios para la sanción y, además, en el equipo jurídico de la Casa Rosada hay serias dudas sobre la seguridad jurídica de la redacción.

Para no arriesgar, en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, el oficialismo decidió estirar los tiempos: aceptó el pedido de la oposición para realizar audiencias no vinculantes, mecanismo dispuesto en la ley de ambiente que había sido ignorado en el Senado.

El diputado libertario Nicolás Mayoraz logró contener un pedido de la oposición para que la audiencia se repitiera en distintos puntos del país y el tratamiento del proyecto se demorara por tiempo indefinido. A cambio, agregó un día a su plan original y, así, habrá doble jornada de expositores: la primera con invitados y la segunda con expositores que hablen por Zoom. “Es más federal de esta manera: puede hablar desde cualquier localidad”, fue la salida elegante del santafesino.

Finalmente, el oficialismo logró consensuar que las reuniones sean en el Congreso. Según el cronograma acordado por todos los bloques, las audiencias serán entre las 10 y las 19 con “flexibilidad para extender el horario”. También deberá garantizarse “el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.

La reunión será en la sala A del Anexo C, por ser el salón con más capacidad. Cada expositor podrá hablar cinco minutos. Los expositores deberán traer sus argumentos por escrito para que sean incorporadas a una versión taquigráfica. También será posible presentar la ponencia en papel, sin hablar ante los micrófonos.

Las audiencias tendrán una publicidad y difusión en los medios y habrá un plazo de inscripción de 24 horas para inscribirse, antes de la audiencia. Alcanzará con enviar un mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16.

Mientras la reunión se llevaba a cabo, un conjunto de legisladores y gobernadores participaban de la PDAC 2026, la convención minera internacional más importante que se lleva a cabo cada año en Toronto. En Canadá había dirigentes del peronismo, el radicalismo, La Libertad Avanza, así como varios representantes de fuerzas provinciales del Norte y de la Patagonia. Estaban los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Carlos Sadir (Jujuy), así como algunos diputados peronistas, Fernanda Ávila (Catamarca) y Gabriela Pedrali (La Rioja), y de LLA, entre otros.

“Si le sumás el viaje de Milei con los gobernadores a Nueva York ahí tenés los votos que necesitan para aprobar la ley”, ironizó otro diputado opositor que, junto a un sector de Unión por la Patria y de la Coalición Cívica, está trabajando para evitar que se reforme la ley de Glaciares.

En la oposición calculan que el oficialismo cuenta con una base de 129-131 votos a favor de la reforma de la ley. Es decir, más que los necesarios para el quórum pero lo suficientemente justo como para poder hacer lobby para convencer a un grupo de indecisos para rechazar el proyecto del Ejecutivo que, en realidad, es impulsado principalmente por las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Apuestan a que, como es un proyecto de origen ajeno –es decir, no propio, sino de las provincias– utilizará la iniciativa como prenda de negociación. Y no tendrá, en consecuencia, tanto interés en sancionarlo.

La iniciativa deja en manos de las provincias la decisión de si un glaciar o zona periglaciar cumple con una función hídrica relevante y, por lo tanto, prohíbe o no la realización de una actividad productiva en la zona. “Va a ser un dumping en el que las provincias van a competir entre sí para ver quién flexibiliza más las condiciones ambientales”, mascullan en el ala ambientalista de la oposición, y apuntan los cañones contra aquellos sectores que observan que podrían verse directamente perjudicados por una flexibilización en el cuidado de los glaciares.

En total hay unos 12 o 13 diputados que la oposición tiene identificados como indecisos y susceptibles a ser convencidos. Algunos son del PRO, como el pampeano Martín Ardohain, quien pertenece a una provincia que ya sufrió la pérdida del caudal de agua de un río (el Atuel) por culpa de la actividad de otra provincia (Mendoza). Otros son patagónicos y responden a gobernadores alineados con el Gobierno que, cuando se votó la ley en el Senado, aceptaron que sus senadores votaran en contra del proyecto. Es el caso, por ejemplo, del chubutense “Loma” Ávila.

En la bancada de UxP ya advierten que la mayoría votará en contra –“Los que impulsan esta ley ya se fueron del bloque”, ironiza una diputada peronista, haciendo referencia a los catamarqueños de Raúl Jalil o los salteños de Gustavo Sáenz–, pero hay tres que podrían acompañar. Es el caso de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la única catamarqueña que quedó en el bloque, Claudia Palladino.