Cabe destacar, que el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero, cuando vencen u$s4.200 millones que corresponden a amortizaciones de capital de los bonos AL29 y AL30, emitidos en la reestructuración de deuda de 2020. Estos derivan de obligaciones originales contraídas durante gestiones previas, incluyendo la de Luis Caputo como ministro de Finanzas (2017-2018).
De esta manera, el Gobierno superó un test clave para la estrategia de financiamiento de los próximos vencimientos, en especial en 2026, marca un nuevo paso en el proceso de normalización del mercado de deuda y en la reconstrucción del acceso al financiamiento internacional. Cabe aclarar, que la nueva deuda es bajo legislación argentina, ya que toda emisión de deuda pública bajo legislación y tribunales extranjeros requiere autorización del Congreso.
Después de casi ocho años de ausencia, el país volvió a colocar deuda en moneda extranjera con el flamante Bonar 2029N (an29), la primera emisión de un bono en dólares de la administración Milei. El nuevo bono tendrá un cupón de 6,5%, con pagos semestrales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, sujeto a la legislación argentina, es decir, que cualquier disputa se dirime en tribunales del país, lo que implica mayor discrecionalidad del Estado frente a los inversores.
Tiene una estructura bullet con vencimiento al 30 de noviembre de 2029, es decir que paga todo el capital junto al final, en un único vencimiento. Durante su vida solo paga intereses, sin amortizaciones parciales. El Gobierno buscaba ubicar el bono en un punto de la curva donde la pendiente ascendente permita rendimiento al vencimiento (YTM) por debajo del 10%, donde se encuentra la curva de bonos en dólares.
La emisión más reciente de deuda por parte de Argentina en el exterior ocurrió en enero de 2018, bajo la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Para los analistas, la emisión del Bonar 2029N envía una doble señal: por un lado, marca un retorno progresivo al endeudamiento en moneda extranjera; por otro, obliga al Gobierno a sostener un marco fiscal y financiero que permita honrar los compromisos futuros.