La figura del juez Alejandro Patricio Maraniello quedó en el centro de la tormenta luego de dictar la medida cautelar que, a pedido del Gobierno Nacional, impide la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en el marco del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, el magistrado arrastra un prontuario interno que amenaza con sacarlo de la escena judicial: nueve denuncias en su contra por maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

Entre los expedientes que tramitan en el Consejo de la Magistratura, uno de los casos fue presentado por una organización que tiene entre sus integrantes a una de las hijas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que expone la magnitud institucional del asunto.  Maraniello fue notificado días atrás de estas denuncias, pero no respondió a la notificación.

El futuro del juez aparece comprometido: el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, analiza suspenderlo de manera inmediata frente a la gravedad y reiteración de las acusaciones.

La decisión se daría en paralelo a la controversia que generó su fallo, cuestionado por dirigentes políticos, periodistas y juristas como un acto de censura previa incompatible con la libertad de expresión. La coincidencia entre el fallo que favorece a la Casa Rosada y las denuncias por inconducta judicial que rodean a Maraniello amplifica la polémica.