El presidente Javier Milei vetó, tras algunos días de suspenso, las leyes 27.791, 27.792 y 27.793 sancionadas por el Congreso, que disponían una nueva fórmula de aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Ahora, el oficialismo deberá defenderlo en la Bicameral.

La medida se implementó a través del Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y todo el Gabinete.

Según el texto, las iniciativas implicaban un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026. Para el Gobierno, esto se decidió “sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad”.

“Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen”, insistió el Presidente.

La norma también sostiene que las leyes fueron sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, se señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, obligando a recurrir a “emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento”.

Para el Gobierno, la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria y contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta $110.000 para determinados beneficiarios, contaba con una fuente de financiamiento “manifiestamente insuficiente” y presentaba “graves deficiencias técnicas”. Además, sostuvo que parte de los recursos proyectados, entre ellos la eliminación de exenciones impositivas, tendrían un “impacto recaudatorio marginal o limitado”.

En cuanto a la norma de reinstalación de la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Gobierno afirmó que “socavan los incentivos a la formalidad laboral” y consolidan “un esquema paralelo al régimen contributivo”, generando “desigualdad” con quienes completaron los aportes exigidos por ley.

Por último, sobre la emergencia en discapacidad, se alertó que ampliaría el universo de beneficiarios de manera masiva —incluyendo a 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad—, con un costo de más de más de $2 billones en el primer año y un fuerte impacto adicional sobre el sistema de salud y el “Programa Incluir Salud”.