El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió la inmediata derogación del decreto 780/2024 que limita el acceso a la información pública. Ricardo Gil Lavedra, su titular, suscribió a una declaración conjunta con setenta organizaciones de la sociedad civil en abierta oposición a la norma, sobre la cual destacan que está “en contradicción” con la ley vigente.

“Implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”, alertaron.

Uno de los cambios más importantes es la redefinición de lo que implica “información pública”: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”.

“Ese decreto es incompatible con una democracia republicana y parece propio de una autocracia populista”, expresó el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura.

“Es marcadamente inconstitucional –alertó- porque se aparta de la ley de acceso a la información pública a través de un decreto. Coloca y ensancha los márgenes de impunidad porque deja en manos del funcionario establecer qué información es pública y cuál no”, sintetizó el titular del Colegio Público.

Finalmente, Gil Lavedra concluyó que “todo esto resulta absolutamente inaceptable y debe ser derogado de inmediato”.