Diputados aprobó el “Súper RIGI”: qué cambia con el nuevo régimen de beneficios para grandes inversiones
El oficialismo consiguió avanzar con una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La oposición denuncia que el proyecto consolida un esquema de privilegios para grandes grupos económicos y limita la capacidad del Estado para intervenir sobre sectores clave.
La Cámara de Diputados dio media sanción al denominado “Súper RIGI”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos de inversión. Para el oficialismo, se trata de una herramienta destinada a atraer capitales. Para sus detractores, representa un nuevo paso en la cesión de poder del Estado frente a grandes corporaciones.
El proyecto extiende las ventajas para empresas que inviertan en actividades vinculadas con la minería, el petróleo, el gas, la energía y otros sectores considerados estratégicos. Entre los beneficios figuran exenciones impositivas, facilidades para operar en el mercado cambiario y garantías de estabilidad normativa por décadas, reduciendo la posibilidad de que futuros gobiernos modifiquen las condiciones del régimen.
Las críticas apuntan a que el esquema otorga condiciones excepcionales a grandes grupos económicos —muchos de ellos de capital extranjero— para explotar recursos naturales argentinos con menores cargas tributarias y amplias garantías jurídicas. Distintos sectores advierten que el régimen consolida un modelo extractivo que prioriza la llegada de inversiones por sobre la capacidad del Estado de capturar renta, promover el desarrollo industrial o proteger recursos estratégicos.
Otro de los cuestionamientos es la fuerte asimetría que genera respecto de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Mientras las grandes inversiones acceden a un paquete de beneficios extraordinarios, miles de pymes continúan enfrentando una elevada presión tributaria, dificultades de financiamiento y un mercado interno debilitado.
La aprobación del proyecto también reavivó el debate sobre el rol del Estado en la administración de los recursos naturales. Para el Gobierno, ofrecer reglas estables es la única forma de atraer inversiones. Para la oposición y diversos sectores sociales, el “Súper RIGI” implica resignar herramientas de soberanía económica y otorgar ventajas difíciles de revertir sobre sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo. Mientras el oficialismo la presenta como una apuesta al crecimiento, sus críticos sostienen que profundiza un modelo que concentra beneficios en los grandes capitales y compromete la capacidad futura del Estado para decidir sobre recursos considerados estratégicos.
