La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ratificó la decisión en primera instancia de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a favor de Argentina en el caso Cupón PBI, relacionado con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el cálculo de beneficios de bonos.

La causa judicial en EEUU se generó porque un grupo de bonistas demandó a la República Argentina alegando que el país manipuló los datos del PBI en 2013 para evitar pagar el cupón vinculado al crecimiento económico.

Preska, la misma magistrada que rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012, había desestimado el caso por motivos técnicos.

El cupón PBI de Argentina surgió en 2005, como parte del canje de deuda tras el default de 2001. Se trata de un instrumento atado al crecimiento del Producto Bruto Interno y paga un rendimiento adicional solo si la economía crece por encima de un umbral determinado. Fue emitido junto con los nuevos bonos de la reestructuración (Boden, Discount, Par) y se colocó tanto en jurisdicción local como internacional, incluida Nueva York.

En EEUU comenzó a cotizar ese mismo año como un derivado financiero vinculado al rendimiento económico de Argentina. Su precio fluctuó fuertemente con las expectativas de crecimiento del país.

En 2013, Argentina decidió no pagar argumentando que el crecimiento no superaba el umbral establecido en el contrato. Sin embargo, los acreedores sostienen que el Gobierno cambió de base de cálculo del PBI (de 1993 a 2004) para simular que no se había alcanzado el crecimiento necesario, cuando con la base original sí se habría activado el pago.