A las 9 del 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski llegó junto a su pareja, César Sena, a la casa de sus suegros, los jefes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, bajo la promesa de emprender un viaje a Tierra del Fuego. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la joven de 28 años ingresaba a la vivienda. No así el de su salida. Tampoco fue hallado su cuerpo. Lo que sucedió en aquella residencia de Santa María de Oro 1460, en Resistencia, a solo 14 cuadras de la sede del Gobierno de Chaco, es todavía un misterio que intentará ser descifrado desde este martes, cuando se inicie el juicio por jurados contra los siete acusados por el crimen más resonante de la historia policial de la provincia norteña.

Los tres principales señalados por la Justicia son César Sena, a quien se imputa como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, y sus padres, a los que se acusa del mismo delito, aunque como partícipes primarios. De ser hallados culpables, las penas que corresponden en todos los casos es la prisión perpetua.

Además de ellos tres, serán juzgados por encubrimiento agravado el resto de los acusados, todos ellos empleados de los Sena: los matrimonios integrados por Fabiana González y José Obregón, y por Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. Sobre estos cuatro imputados, se cree que colaboraron para deshacerse del cuerpo y para quemarlo durante varias horas en un campo de este clan familiar con sólidos vínculos con quien gobernaba por entonces la provincia, Jorge Capitanich, quien, incluso, fue padrino de bodas de la pareja piquetera.

Según la teoría que los fiscales expusieron durante la elevación a juicio, César Sena, de 21 años, cometió el crimen, pero sus padres, quienes sabían de sus intenciones, “crearon un entorno seguro y propicio” ausentándose de su casa y posteriormente en la eliminación de la evidencia. Este hipótesis fue cuestionada por Gloria Romero, madre de la joven chaqueña, pero ratificada en segunda instancia después de que el juez de Garantías Héctor Sandoval aceptara un recurso para revisarla.

Desde su detención, tanto Emerenciano Sena como Marcela Acuña rechazaron las acusaciones, al indicar que se enteraron del crimen después de ocurrido. Mientras el líder de la poderosa organización piquetera que lleva su nombre -quien en los últimos tiempos había adoptado un perfil político y se candidateaba como diputado provincial por el frente que comandaba Capitanich- aseguró que recién supo del hecho cuando fue arrestado, su mujer -que aspiraba a ser intendente de Resistencia- puntualizó que, al regresar a su casa aquel 2 de junio, vio “un bulto, similar a un cuerpo”, y le ordenó a Obregón que lo retirara.

De comprobarse su veracidad, esas declaraciones juegan claramente a favor del matrimonio. Según el Código Penal argentino, los padres no tienen la obligación de denunciar a un hijo.

Pasados más de dos años del hecho, el acusado de la autoría material del femicidio jamás declaró qué ocurrió en la casa de sus padres, con quienes, incluso, se ha negado a tener encuentros privados en sus lugares de detención.

De acuerdo al criterio de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, César “se aprovechó de la desigualdad de poder y dependencia económica” en su relación con su novia para cometer el crimen, al proponerle una nueva vida en Ushuaia. Una vez consumado el asesinato, habría trasladado -acompañado por Obregón- el cuerpo de Cecilia en una camioneta Toyota Hilux al campo Rossi, propiedad de la familia, donde fue incinerado durante 12 horas -bajo la atenta custodia de los caseros Melgarejo y Reinoso-, para luego dispersar los restos en diferentes lugares.

En enero de 2024, el Instituto de Medicina Forense de Córdoba confirmó que en las cercanías de ese predio rural, dedicado fundamentalmente a la cría de cerdos, fueron hallados 16 restos dentarios carbonizados, compatibles con “piezas humanas en representación de un único individuo”, aunque su estado no permitió establecer si correspondían a la víctima.

Entre junio y julio pasados, la jueza Dolly Fernández, quien conducirá el proceso, encabezó una serie de audiencias preliminares en las que los abogados comenzaron a mostrar las cartas que jugarán en el juicio por jurados.

A diferencia de los procesos previos realizados bajo esta modalidad en Chaco, para los que se convocaban entre 60 y 100 ciudadanos, esta vez se postularon más de 400 personas, entre las cuales el mismo martes serán seleccionadas las 12 titulares (y seis suplentes) que decidirán la suerte de los acusados. El veredicto deberá alcanzarse por unanimidad.

Entre las pruebas que comprometen seriamente al principal imputado, existen conversaciones entre César y Cecilia extraídas de Instagram que dan indicios de que el joven ejercía violencia de género sobre su pareja. Y también hay una declaración de un testigo protegido, amigo y confidente de Strzyzowski, que acredita esta misma situación.

En una reciente entrevista con un canal de streaming provincial, Patricia Acuña, hermana de Marcela, aseguró que su sobrino “no tiene remordimientos por lo sucedido” y deslizó que la familia le pide permanentemente que hable y cuente lo sucedido aquel 2 de junio de 2023.

También desmarcó del hecho al líder piquetero (“Él lo hubiera entregado a la Policía, de haberse enterado”, comentó) y señaló que su hermana “sabía lo que había sucedido y encubrió el asesinato, haciendo creer que su hijo era inocente y que se trataba de una cuestión política”. “Nos embaucó a todos”, concluyó.