La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, le había ordenado a nuestro país que transfiriera el 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa, lo que quedaría ratificado con esta decisión, aunque el Gobierno todavía contaría con un último recurso para apelar.

El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, tras comprárselas a la empresa Repsol en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.

Hace más de un año, en abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar u$s16.100 millones.

El fallo va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La medida de la jueza Preska ordena a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”. A su vez, BNYM deberá transferirlas “a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.

En su apelación, la Argentina había adelantado que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.