Causa ANDIS: se complica la situación de los Kovalivker y crece la preocupación en el Gobierno
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una etapa clave y la situación judicial de Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan es cada vez más comprometida. Los empresarios, propietarios de la droguería Suizo Argentina, quedaron en el centro de la investigación por el fuerte incremento de contrataciones que obtuvieron durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo.
Según surge del expediente, la firma pasó de manejar contratos por alrededor de 5.000 millones de pesos a concentrar adjudicaciones que superaron los 110.000 millones entre 2024 y 2025. La Justicia busca determinar si detrás de ese crecimiento existió un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de retornos. Diversas auditorías oficiales detectaron irregularidades en las adquisiciones, incluyendo diferencias de precios que en algunos casos habrían superado el 3.000 por ciento.
En ese contexto, los Kovalivker intentan ganar tiempo antes de que avance una nueva etapa procesal. Esta semana designaron una perito informática de parte para intervenir en el análisis de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La defensa busca ampliar los puntos de pericia y poner bajo la lupa tanto la autenticidad de las grabaciones como su contenido.
La discusión gira en torno a una serie de audios incorporados a la causa en los que se describiría un presunto sistema de cobro de coimas vinculado a contrataciones del organismo. El juez federal Ariel Lijo ordenó que las grabaciones sean sometidas a estudios técnicos para determinar si fueron editadas, manipuladas mediante inteligencia artificial o alteradas de alguna manera.
En paralelo, Spagnuolo quedó nuevamente en el foco de la investigación. El exfuncionario se opuso a la orden judicial que lo obliga a aportar una muestra de voz para ser comparada con los audios. Sus abogados sostienen que esa medida vulnera la garantía contra la autoincriminación y anunciaron una presentación para intentar revertirla.
Los antecedentes tampoco favorecen a los empresarios. En agosto de 2025, la Justicia realizó allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kovalivker, incluyendo domicilios en Nordelta. Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, documentación, más de 260.000 dólares en efectivo y cerca de 7 millones de pesos.
Además, la investigación determinó que los operativos habrían sido filtrados previamente. Según la acusación, el jefe de seguridad del country donde reside uno de los empresarios obstaculizó el ingreso de los efectivos policiales, situación que derivó en su procesamiento por presunto encubrimiento y desobediencia.
Mientras avanzan las pericias sobre los audios y se acumulan nuevas pruebas, en los tribunales consideran que la estrategia de las defensas apunta a dilatar definiciones. Sin embargo, la causa continúa avanzando y las próximas decisiones judiciales podrían acercar el expediente a una instancia de indagatorias y eventuales nuevas imputaciones.
