La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia Federal que allane las casas de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico luego de que dieran a conocer audios filtrados de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, “por indicación expresa” de Bullrich. El documento argumentó que la difusión de las grabaciones es de una “gravedad inusitada” ya que se trata de “audios privados”, “jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal”.

En simultáneo, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei y, presuntamente, reproducen conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una “operación de inteligencia ilegal”.

El magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la Secretaria General de la Presidencia mediante “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, atribuyó la difusión de los audios a “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó.

La denuncia, que apunta a una violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, subrogado por Ariel Lijo, y la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli.