El Gobierno decidió retirar el proyecto de ley que envió este lunes y que buscaba modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 13 años. A días de emitir dictamen y llevar la iniciativa al debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió no avanzar con el mismo y remitirá uno nuevo que reduce la punibilidad a los 14 años, algo negociado con los bloques aliados con el objetivo de conseguir los votos necesarios.

De esta manera, se volverá al dictamen anterior trabajado en comisión donde el umbral etario quedaba fijado en 14 años y contaba con mayor respaldo entre los espacios dialoguistas.

Pese al retiro del proyecto inicial, el Gobierno mantendrá los ítems referidos al costo fiscal y su financiamiento: el primero de ellos es de $23.739.155.303, importe que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa introduce un abanico de penas y medidas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios a la comunidad, la amonestación, la prohibición de conducir o de asistir a determinados lugares y el monitoreo electrónico.

Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.

La privación de libertad se contempla como una medida de último recurso, debiendo cumplirse en centros especializados y separados de los adultos, estableciéndose un plazo máximo de condena de veinte (20) años. Si la pena es menor a tres años, se priorizan medidas que no interrumpan la educación o el trabajo del joven.