91 jueces porteños respaldaron a De Marinis y rechazaron el juicio político impulsado por Jorge Macri
Un total de 91 jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado en respaldo de Laura Beatriz De Marinis y rechazaron el pedido de juicio político impulsado por el Gobierno de Jorge Macri después de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El pronunciamiento fue firmado por magistrados de distintos fueros de la Justicia porteña y continúa abierto a nuevas adhesiones. Los jueces expresaron su preocupación por la decisión del Ejecutivo de avanzar contra De Marinis a partir del contenido de una resolución judicial.
El conflicto comenzó el 21 de septiembre, cuando De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1° de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La resolución alcanzó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, a quien la jueza sobreseyó.
Los magistrados sostuvieron que recurrir al juicio político como respuesta al contenido de una sentencia genera preocupación institucional. Según el comunicado, la jueza actuó dentro de sus atribuciones al realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde a los tribunales.
La discusión también tiene una vía judicial abierta: la Fiscalía apeló la resolución, por lo que el fallo será revisado por una instancia superior. Además, solicitó el apartamiento de De Marinis del expediente.
La propia jueza había cuestionado el pedido de juicio político y sostuvo que las decisiones de los magistrados deben ser discutidas mediante los mecanismos de apelación previstos por la Justicia. “Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, afirmó.
El origen de la pelea
La resolución de De Marinis generó una fuerte reacción del Gobierno porteño. Jorge Macri anunció que impulsaría el juicio político contra la magistrada y cuestionó duramente su decisión.
La jueza, en tanto, aclaró que su fallo no dejó sin efecto el Régimen Penal Juvenil en general, sino que declaró inconstitucional su aplicación en las circunstancias particulares de ese expediente. También sostuvo que la causa continúa y que la ley sigue aplicándose a otros adolescentes involucrados en el mismo episodio.
El respaldo de los 91 magistrados suma ahora un nuevo capítulo a una disputa que excedió el caso puntual y abrió una discusión institucional sobre los límites entre el cuestionamiento político de una sentencia y los mecanismos judiciales previstos para revisarla.
