Robo de fármacos y fiestas clandestinas: el escándalo que se destapó con la muerte de un médico
El cuerpo estaba en su casa. Solo. Conectado a una bomba de infusión. La escena, que parece salida de un quirófano, no ocurrió en un hospital sino en la intimidad de un departamento. Allí fue encontrado muerto Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Tenía en su organismo una combinación letal: propofol y fentanilo, dos drogas de uso estrictamente médico que, mal administradas, pueden apagar la respiración en cuestión de minutos.
La muerte no tardó en sacudir los pasillos de los hospitales porteños. Pero hacia afuera, el silencio fue casi total. El propofol y el fentanilo son herramientas cotidianas en anestesiología. Utilizados bajo control, permiten realizar desde estudios simples hasta cirugías complejas. Pero fuera de ese entorno, sin monitoreo adecuado, pueden provocar apnea: una depresión respiratoria que exige intervención inmediata. Eso es lo que, según fuentes médicas, ocurrió con Zalazar.
Una sobredosis. Una respiración que se detuvo. Y nadie para asistirlo. En los procedimientos clínicos, cuando un paciente deja de respirar, hay protocolos claros: ventilación asistida, monitoreo constante, personal entrenado. En ese departamento, en cambio, solo había una bomba de infusión funcionando. La tragedia abrió una puerta inesperada. Los insumos encontrados en la escena -las drogas, los dispositivos, incluso la bomba de infusión- no provenían del hospital donde el joven trabajaba.
Sin ir más lejos, eran del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato encendió alarmas. ¿Cómo llegaron esos fármacos hasta allí? ¿Quién los retiró? ¿Con qué controles? La investigación interna, según fuentes del sector, apuntó rápidamente hacia un anestesiólogo de renombre, identificado como H.B., que ocupaba un cargo relevante en esa institución y que, tras conocerse el caso, presentó su renuncia. El hospital, hasta el momento, no emitió explicaciones públicas ni atendió a los llamados de este medio.
A medida que la noticia circulaba en grupos de médicos y residentes, comenzaron a emerger versiones inquietantes. Audios, chats y relatos que describen un circuito clandestino donde los anestésicos habrían dejado de ser herramientas terapéuticas para convertirse en sustancias de consumo recreativo. Una de las hipótesis que se baraja por estas horas habla de «experiencias controladas»: encuentros privados donde se administraban dosis de propofol y fentanilo para inducir estados de relajación extrema, con la presencia de alguien encargado de intervenir en caso de que la respiración fallara.
Otra versión va más allá. Describe fiestas organizadas por profesionales de la salud -las llamadas «Propofest»- donde se utilizaban equipos médicos reales: bombas de infusión, monitores, sensores. Todo fuera del ámbito hospitalario. En esos encuentros, según los testimonios que circulan, siempre había una figura clave: alguien designado para «ambucear», es decir, asistir manualmente la respiración cuando los efectos de las drogas comenzaban a comprometer la vida. Una práctica que, en el caso de Zalazar, falló. O directamente no estuvo. Los relatos que se multiplican entre residentes dibujan una red que atraviesa varias instituciones.
Entre ellas, el Hospital Rivadavia, el Italiano, e incluso otros centros de salud. Hablan de desvío de fármacos, de consumo habitual, de controles burlados y de vínculos personales que mezclan jerarquías, dependencia y silencio. También aparecen denuncias graves: una presunta agresión sexual en uno de esos encuentros, encuadrada en un contexto de consumo, que habría precipitado la caída de uno de los médicos señalados.
En medio de versiones cruzadas, audios filtrados y un hermetismo que alimentó más dudas que certezas, el Hospital Italiano de Buenos Aires decidió finalmente hablar. Lo hizo a través de un comunicado institucional que busca fijar posición frente a una trama que ya excede sus paredes. «Movemos los límites de lo posible», comienza el texto difundido por la Dirección, en un tono que intenta sostener la identidad histórica de la institución incluso en medio de una crisis.
Pero rápidamente el mensaje se vuelve más concreto: «En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro». Sin mencionar nombres ni hechos puntuales, el comunicado confirma lo que dio a conocer este medio: hubo una denuncia interna y un circuito irregular que obligó a activar protocolos. «Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital», remarca el descargo.
Y agrega: «Y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes». Además, la institución afirma haber dado intervención a la Justicia: «La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso». En ese marco, también se tomaron decisiones sobre el personal involucrado. Aunque sin precisiones, el dato es contundente: «Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital».
Uno de los puntos centrales del comunicado es el reconocimiento de una falla estructural: el control de sustancias críticas. «En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza», advierten. La frase, en términos institucionales, admite que los mecanismos existentes no fueron suficientes para evitar el desvío de fármacos como propofol y fentanilo, drogas de uso estrictamente médico que quedaron en el centro de la escena tras la muerte de un anestesista.
