El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita de retenciones
Diputados de distintos bloques le pidieron al Gobierno que dé información sobre las ventas del sector agropecuario tras la quita temporal de retenciones, en particular respecto a la «aplicación efectiva de sanciones» y los mecanismos de control, luego de que el cupo para granos se agotara en solo tres días.
En el caso de los principales granos y subproductos, el Decreto 682/2025 establecía en 0% las retenciones hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta completar el cupo de ventas al exterior por u$s7.000 millones, lo que ocurrió el miércoles 24. Las retenciones cero para carnes avícolas y bovinas continuarán hasta fines de octubre, sin límite.
La decisión fue cuestionada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural, entre otras entidades, ya que benefició a grandes cerealeras y no a los productores. En ese contexto, los diputados pidieron detalles sobre la aplicación de la ley que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos.
La intención es que el Poder Ejecutivo informe al Congreso qué mecanismos de control se utilizan para verificar que los exportadores cuenten efectivamente con la mercadería declarada, cuántas DJVE se registraron en el último año y qué casos fueron observados o rechazados por irregularidades.
Además, los legisladores pidieron información sobre las sanciones aplicadas a las empresas que no cumplieron con la acreditación de la tenencia de granos, y saber si el Gobierno evalúa reducir los plazos de vigencia de las DJVE para evitar operaciones especulativas como las que se habrían producido con el Decreto 682/2025.
El pedido de informes abarca al Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la presentación, la medida dejó en «evidencia la necesidad de contar con información actualizada sobre la aplicación de estas normas, así como de evaluar la reducción de los plazos de vigencia de las declaraciones, para evitar operaciones especulativas y garantizar transparencia».
La solicitud se enmarca en la Ley 21.453 y su modificatoria 26.351, conocida como Ley Martínez Raymonda, que establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante DJVE deben acreditar la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos.
